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Comentario
El 31 de diciembre de 1875, Antonio Cánovas del Castillo firmó un decreto por el que
se convocaban elecciones para el 20 de enero de 1876. Estas nuevas Cortes, con una
amplia mayoría canovista, fueron las que, el 30 de junio de 1876, aprobaron la nueva
Constitución, que sería sancionada por Alfonso XII
"en unión y de acuerdo con las
Cortes del Reino actualmente reunidas”.
En este nuevo texto, compuesto por 89 artículos, desapareció la soberanía nacional,
que de nuevo pasó a ser compartida por el Rey y las Cortes, al igual que el poder
legislativo. Los derechos fundamentales quedaban supeditados a su desarrollo en
posteriores leyes, e incluso podían ser suspendidos, como de hecho ocurrió en muchas
ocasiones. España volvía a ser un Estado confesional, aunque se permitía el culto privado
de otras religiones. Al igual que en la Constitución de 1845, el Rey mantenía unas
amplias competencias ejecutivas que, además, se vieron complementadas con
"el mando
supremo del Ejército y la Armada”.
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